En vista del daño causado por las malas prácticas políticas de algunas organizaciones de la sociedad civil vinculadas a posibles delitos, proponemos 10 medidas para mejorar la probidad y transparencia en el uso de los fondos públicos, de manera de aportar en la construcción de una sociedad más justa:
1. Restablecer en el presupuesto del 2024, el requisito de 5 años de experiencia para organizaciones sin fines de lucro que reciben transferencias superiores a 2000 UTM, o instaurar un sistema de plazos de experiencia diferenciados según el monto a recibir y la responsabilidad que tendrá la organización
2. Exigir declaraciones de interés y patrimonio anuales por el doble del período de ejecución de programas estatales, para directores y personal de fundaciones que reciben más de 1000 UTM.
3. Presentar documentos de garantías de fiel cumplimiento que representen al menos el 10% de los montos transferidos antes de suscribir convenios, así como posteriormente sumar garantías por anticipos y estados de pago respectivos.
4. Publicar informes periódicos de cumplimiento de programas ejecutados con fondos estatales, integrando rendiciones electrónicas y en línea de los programas.
5. Presentar una cuenta pública anual que detalle avances en la ejecución de programas para organizaciones con financiamiento superior a 2000 UTM.
6. Establecer mecanismos de control y sanciones para organizaciones que no publiquen balances y memorias en sus sitios web y reciban al menos 2000 UTM anuales. Además proponemos rebajar a este monto el trámite de toma de razón de Contraloría a organizaciones de la sociedad civil.
7. Transparentar salarios de directores ejecutivos en sus páginas web y permitir acceso a cuentas bancarias de la organización para fines de fiscalización.
8. Transparentar militancia política de directores de organizaciones de la sociedad civil mediante declaración jurada previa a la firma del convenio de transferencia de fondos del Estado.
9. Constituir una mesa de trabajo con la sociedad civil, poderes ejecutivo y legislativo, órganos de control, municipios y universidades para fortalecer la regulación y prevenir delitos y corrupción.
10. Delimitar y fortalecer competencias de servicios públicos con competencias fiscalizadoras de organizaciones de la sociedad civil, de manera de prevenir malversación de fondos públicos (Consejo para la Transparencia, Contraloría, Ministerio de Justicia, municipios, etc.), además de fortalecer la información pública referida al portal de la ley 19862 de colaboradores del Estado y municipios.
Estas medidas buscan garantizar el uso adecuado de los fondos públicos y fomentar la transparencia y la colaboración entre el Estado y las organizaciones sociales en la búsqueda de un país menos desigual y más justo.
