Para apoyar lo anterior, podemos citar datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2023), los cuales nos indican que hay más de 2.2 millones de personas que no cuentan con servicios sanitarios básicos en sus viviendas. Si cruzamos esta información con lo expuesto en el propio Registro Social de Hogares (RSH, 2023), podemos afirmar que se trata de una situación que afecta a un 13,32% del total de habitantes de nuestro país.

«Si bien la falta de acceso al agua potable está relacionada con la creciente escasez del recurso en diversas zonas del país, también se asocia a problemas en la capacidad de gestión y coordinación»

Esta realidad se vuelve aún más crítica si se considera que un 64,33% de esta población sin acceso a agua potable se encuentra en el tramo del 40% más vulnerable (RSH, 2023).

Si bien la falta de acceso al agua potable está relacionada con la creciente escasez del recurso en diversas zonas del país, también se asocia a problemas en la capacidad de gestión y coordinación de diferentes entidades que concurren o participan de procesos de planificación del espacio rural. Hablamos de problemáticas globales, que tienen un impacto territorial importante, como el cambio climático, los procesos de crecimiento habitacional al sector rural sin planificación, entre otros, los que precisan soluciones de adaptación, modernización e inversión para la mejora en la infraestructura de los servicios de agua potable rural.

Este escenario adverso es algo que nos moviliza como Huella Local, tanto a nivel local y nacional. Para esto hemos impulsado acciones concretas y colaborativas, como la implementación del “Programa de asistencia técnica para comités de APR en la Provincia de Biobío”, que llevamos a cabo hace meses por mandato del Gobierno Regional del Biobío, y que ejecutamos en conjunto con los equipos municipales de todas las comunas de la provincia, además de la colaboración de los servicios públicos relacionados.

Es una iniciativa que apunta a generar beneficios en las 14 comunas de este territorio, por medio de un despliegue que considera el levantamiento de la situación actual de los APR locales, para luego proponer la optimización tecnológica y diseño de 16 nuevos sistemas seleccionados.

Es un programa que ya está cercano a su puesta en servicio en el caso de las optimizaciones de sistemas de APR, y en la etapa de aprobación sectorial para los nuevos diseños, que beneficiarán a cerca de 8.000 familias de la provincia que actualmente se proveen de agua desde fuentes inseguras.

Es un programa de innovación pública que nace en nuestra región y que hoy se busca promover y replicar junto a otros Gobiernos Regionales del país, pues pone en valor la colaboración entre diversos organismos, además de promover un sólido involucramiento de la comunidad de cada territorio. Es una propuesta profesional y pertinente con las necesidades de nuestra región, que nos permite afrontar estos desafíos de manera mancomunada, más allá de simples diagnósticos o declaraciones de intenciones.

Por Javier Vergara
Director Zona Sur de Huella Local

En base a los anterior, me gustaría rememorar un acontecimiento reciente en Piedra Blanca, el cual demuestra que todo lo señalado es posible. Piedra Blanca es una localidad ubicada al sur de Quellón y en la que sólo se puede acceder por vía marítima, en un recorrido de más de 2 horas. Es un lugar donde sus propios habitantes generan luz con motores a petróleo y durante las horas al día que su presupuesto les permita. ¿La razón? Porque en esta zona no existe red pública de electricidad.

«El trabajo mancomunado del sector público y privado puede ser una estrategia eficiente para resolver problemas tan urgentes como el acceso a la energía»

Recientemente, en un hito bastante concurrido, un total 36 familias de este sector celebraron el inicio de obras del proyecto de instalación de paneles fotovoltaicos domiciliarios en sus viviendas. Estos paneles, a través de energía solar, permitirán a los habitantes de Piedra Blanca tener acceso a la energía eléctrica las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Es decir, junto con resolver el acceso a un bien básico como la energía, se incorpora el uso de energías renovables y se disminuye el consumo de petróleo, generando, también, un ahorro para las familias.

Esta iniciativa es posible gracias a una inédita instancia de colaboración público-privada que reúne al Gobierno Regional de Los Lagos, once empresas y seis municipios, la cual es articulada por Huella Local en nuestra región. Se trata de una experiencia que promueve el diálogo y colaboración para formular proyectos de inversión en zonas históricamente rezagadas, demostrando que el trabajo mancomunado del sector público y privado puede ser una estrategia eficiente para resolver problemas tan urgentes como el acceso a la energía, junto con atender desafíos clave de nuestro tiempo, como la incorporación de energías renovables para favorecer un desarrollo compatible con la protección del medioambiente.

César Barrientos Bahamonde
Director Sur Austral de Huella Local

Este proceso colaborativo, se traduce en el diseño de iniciativas de alto impacto social (más de 260 en todo Chile hasta la fecha), que siempre consideran las necesidades de habitantes de cada comunidad, y que posibilita el acceso a diferentes vías de financiamiento público para su concreción, ya sea desde los Gobiernos Regionales y ministerios. Debido a este nivel de involucramiento y coordinación para ejecutar acciones —con el más absoluto compromiso institucional y pertinencia territorial—, se potencia el desarrollo de territorios más rurales y rezagados.

«El impacto de las alianzas público-privadas dentro del proceso de descentralización nos permite promover el desarrollo local desde las propias comunas más rezagadas»

Así por ejemplo, ha sido posible pasar de jugar en una cancha de tierra y piedra, a tener la oportunidad de jugar en una cancha de pasto sintético (con protecciones, galerías mejoradas, y arcos renovados), tal como será la nueva realidad de los habitantes de Ralco Lepoy, en la comuna de Alto Biobío, gracias a la alianza público-privada entre Colbún y el municipio, articulada por Huella Local, y cuyo proyecto ha sido financiado por alrededor de 700 millones de pesos como parte del “Plan 50 canchas” del Gobierno Regional del Biobío, y cuya primera piedra, se ha puesto hace unos días en la comuna ralquina.

Es tan valorable este trabajo, que el propio alcalde de Alto Biobío, Nivaldo Piñaleo, recalcó la importancia de este importante proyecto para Ralco Lepoy, donde se verán beneficiados no solo las y los integrantes de los diversos clubes de fútbol de su comuna, si no que también, los niños y niñas de la escuela básica de Chenqueco.

Tal como lo que deja de manifiesto este hito, el impacto de las alianzas público-privadas dentro del proceso de descentralización nos permite promover el desarrollo local desde las propias comunas más rezagadas, considerando que —aunque existen márgenes de error y mejoras dentro del proceso de descentralización que vivimos— relevamos lo virtuoso de la vinculación entre un municipio, la comunidad, una organización de la sociedad civil y un plan regional impulsado por el Gobierno del Biobío.

Iniciativas como estas ratifican lo positivo de estas alianzas y del proceso de descentralización, ya que garantizan el acceso a más oportunidades para quienes viven en estas localidades más remotas.

Por Boris Muñoz Alcatruz

Para llevar esto a números, el Estudio de Reputación Corporativa (ERC® 2023) de Ipsos e INC Consultores, constató en agosto de este año que las ONG’S y fundaciones experimentaron una caída de 21% en el índice reputacional.

Debemos ser honestos. No hay duda de que estas entidades sufrieron daños en su imagen por culpa de militantes políticos que aprovecharon los mecanismos estatales para beneficiarse. Sin embargo, cuando se vuelve a poner en tela de juicio su aporte positivo, debido a casos puntuales de corrupción (hay que reconocerlo), también es crucial reconocer que lo ocurrido no representa la norma general respecto al actuar de todas las OSFL.

Es evidente que estamos viviendo una crisis ética-moral en Chile, y frente a ello no podemos “normalizar” el mal actuar y debemos subir el estándar de las conductas éticas. En una sociedad cortoplacista donde se premia “al más vivo”, hay que exigir a la gestión pública un desempeño ético de primer nivel, eliminar la corrupción de raíz, implementar buenas prácticas y llevar a cabo acciones
concretas en esa dirección.

«Enfrentamos el desafío de elevar nuestros estándares en buenas prácticas y de ser conscientes de nuestro impacto para restaurar la confianza en la opinión pública»

Proponemos ir más allá de lo meramente normativo, y considerar la dimensión positiva del cumplimiento en las fundaciones. No es sólo acatar reglas, sino también promover la ética y la transparencia proactiva, reconociendo la oportunidad para restablecer la confianza con nuestro entorno. Abogamos por la adopción de programas de compliance en las organizaciones de la sociedad civil que fomenten la probidad e integridad. A través de esto, podremos recuperar la confiabilidad y credibilidad, aspectos clave en estos tiempos.

A pesar de las malas acciones de unos pocos y de la deficiente fiscalización, es imperativo no empañar el valor inherente de las fundaciones y su papel fundamental como agentes de cambio, pues existen más de 200 mil organizaciones que durante años han actuado de forma correcta.

Enfrentamos el desafío de elevar nuestros estándares en buenas prácticas y de ser conscientes de nuestro impacto para restaurar la confianza en la opinión pública. ¿Cómo lograrlo? Trabajando estrechamente con las comunidades con las que nos relacionamos, marcando así el camino hacia la recuperación y la construcción de una sociedad más justa.

Por Gonzalo Vial Luarte
Director Ejecutivo de Huella Local

Más allá de recordar la abismal brecha presupuestaria entre municipios en Chile, es menester abordar aspectos tan relevantes para los funcionarios que desempeñan labores en estos espacios, las cuales suelen pasarse por alto en la discusión pública. Algunas de ellas son, por ejemplo, la calidad jurídica de estos trabajadores; la transparencia en los procesos de reclutamiento o en la evaluación del desempeño personal; la percepción en torno a la gestión del cambio o el proceso de modernización de las municipalidades; así como la existencia de garantías que aseguren su bienestar (todo en pos de la labor de desarrollo territorial que debieran ejercer).

«Podemos leer y escuchar muchos discursos en favor de un país más descentralizado a nivel político, fiscal y administrativo, pero pocas medidas concretas»

Por otro lado, desde el punto de vista de la institucionalidad, solo el 31% de los trabajadores en municipios tienen título profesional, de acuerdo al reporte de la AMUCH de 2019. En esa línea, es clave preguntarse cómo podemos asegurar más capacitaciones para quienes desarrollan sus funciones en estos órganos del Estado, con el fin de poder contar con los conocimientos necesarios y pertinentes para adaptarse a los cambios que la coyuntura y la legislación exigen, sumado al financiamiento para atraer el mejor capital humano a las comunidades a través de los municipios.

Existe un consenso transversal respecto a la necesidad de fortalecer a las municipalidades como actores relevantes en la descentralización y avance del país, tal como lo refrenda la Agenda Social Urbana desarrollada por el CNDU en 2020. Bajo esa premisa, se debe reconocer el valor del trabajador municipal, persona fundamental para contribuir a cimentar un desarrollo equitativo en los diversos territorios y, también, para promover el trascendental proceso de distribución de competencias entre los distintos niveles de gobernanza potenciando el nivel local.

Esta forma de percibir el rol de los gobiernos locales y también regionales, se expresaba con claridad en la propuesta de la Convención Constitucional de 2022, lo que además recibió apoyo transversal en la discusión constitucional. Lamentablemente, sólo se ha acogido parcialmente en cuanto a la condición de gobierno que se les otorga, aunque el panorama es bastante menos auspicioso en cuanto al financiamiento, dado el detrimento en los ingresos que podría significar la exención de contribuciones de la primera vivienda.

Actualmente podemos leer y escuchar muchos discursos en favor de un país más descentralizado a nivel político, fiscal y administrativo, pero pocas medidas concretas en torno a la modernización de la gestión municipal en los próximos años. Los funcionarios municipales son la cara visible y la puerta de entrada al Estado para muchos ciudadanos en nuestro país. Bajo esa lógica, es importante dotarlos de mayor seguridad, garantías, y potenciar su capital humano, valorando el rol fundamental que tienen en nuestra sociedad, en favor de las comunidades más rezagadas.

Gonzalo Vial Luarte
Director Ejecutivo de Huella Local

Esta nueva normativa se erige como un cambio trascendental, pues amplía el catálogo de delitos y lo hace extensible a las personas naturales; modifica el sistema de determinación de penas y restringe las medidas sustitutivas de cárcel efectiva para personas naturales. Y más allá de caer en detalles técnicos, sí es necesario hacer el punto de que se trata de una regulación que eleva la apuesta en términos de cumplimiento (denominado normalmente como “compliance”) y la necesidad implementar modelos de prevención del delito en las organizaciones.

¿Cómo han reaccionado las empresas a esta nueva normativa? En su mayoría de forma proactiva y dando mayor relevancia a los procesos de compliance. Si queremos cotejar datos, destaca lo realizado por Fundación Generación Empresarial (FGE) y Mazars, aplicada a directores, gerentes generales, legales y de cumplimiento de 96 empresas que operan en el país.

Este estudio reveló que un 80% de las compañías contempla revisar su modelo de prevención de delitos a la luz de la nueva legislación, mientras que un 18% no lo piensa hacer, y un 2% no sabe. Otro de los resultados, en tanto, es que el 96% de las empresas ya cuenta con un canal ético u otro medio para recepcionar denuncias o consultas, los cuales en su gran mayoría (82%) están disponibles para cualquier persona -interna o externa- que requiera realizar alguna de estas acciones (sumado al aumento exponencial de capacitaciones y contrataciones de profesionales internos y/o asesorías externas).

Esta ley, por cierto, considera en su aplicación a organizaciones de la sociedad civil (por ser personas jurídicas), como fundaciones o corporaciones. Sin embargo, acá recomendamos ir más allá y no considerar lo estrictamente normativo, sino que también lo que, en instituciones, como la nuestra, denominamos la dimensión positiva del compliance, donde entendemos a nuestro modelo de prevención de delitos como una oportunidad para promover la ética y transparencia, sobre todo como un medio para reestablecer las confianzas con nuestro entorno.

Lamentablemente, gran parte del ordenamiento jurídico está elaborado por un legislador que se centró en el clivaje empresa/Estado, pero sin considerar la existencia de los cuerpos intermedios sin fines de lucro, con las diferencias que tenemos con el Estado y empresa, con los cuales por cierto, colaboramos permanentemente pero desde nuestro propio foco y con nuestras propias características.

Por lo tanto, en la práctica, los equipos legales de organizaciones de la sociedad civil deben estar constantemente interpretando normas que no las consideran como un actor relevante. Y es en este punto donde, desde Huella Local, queremos promover la correcta adopción e implementación de programas de compliance en las OSC como instrumentos que promueven la ética, transparencia y tienen la capacidad de restablecer las confianzas que han sido afectadas.

Sostenemos que es trascendental, más aún en estos tiempos…

Por Sebastián de Toro, jefe del Área jurídica y Compliance

¿Cómo han crecido las zonas de rezago en Chile en los últimos 10 años?

Según los últimos datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), en 2023, se consideran susceptibles de ser declaradas zonas de rezago 113 comunas, lo que representa el 32,7% del total de comunas del país.

Este crecimiento se debe a una serie de factores sociales y económicos. Uno de estos es la concentración de la población en las grandes ciudades, lo que ha dejado a las zonas rurales y urbanas más pequeñas en condiciones de desventaja. Lo anterior genera desigualdades sociales, consolidando una brecha cada vez mayor entre las personas que viven en comunas o localidades en condición de rezago, y las que viven en zonas más desarrolladas.

Junto a esta realidad, también se suman los efectos del cambio climático, que han afectado de manera desproporcionada a las zonas rurales.

Principales brechas sociales que experimentan las personas que viven en zonas de rezago en Chile

Las personas que viven en comunas o localidades rezagadas en Chile experimentan una serie de brechas sociales, entre las que se encuentran:

Brecha de pobreza: Las zonas de rezago tienen una mayor proporción de personas en situación de pobreza que el resto del país. En 2023, la tasa de pobreza por ingresos en las zonas de rezago era del 23,4%, mientras que la tasa de pobreza para el total del país era del 12,8%.

Brecha de acceso a la educación: Las zonas de rezago tienen una menor tasa de cobertura educativa que el resto del país. En 2023, la tasa de cobertura de educación básica en las zonas de rezago era del 95,8%, mientras que la tasa de cobertura para el total del país era del 98,8%.

Brecha de acceso a la salud: Las zonas de rezago tienen una menor cobertura de salud que el resto del país. En 2023, la cobertura de salud en las zonas de rezago era del 90,2%, mientras que la cobertura para el total del país era del 96,8%.

Brecha de acceso a la vivienda: Las zonas de rezago tienen una menor calidad de la vivienda y un menor acceso a servicios básicos que el resto del país. En 2023, el 15,3% de las viviendas en las zonas de rezago carecía de al menos un servicio básico, mientras que el promedio nacional era del 10,1%.

No es necesario comentar que, por supuesto, la sumatoria de estas brechas sociales tienen un impacto negativo en las personas que viven en zonas de rezago. Niños, jóvenes y adultos que ven limitadas las oportunidades de acceder a una educación de calidad, a servicios de salud, a una vivienda adecuada, y a un empleo digno.

¿Qué debemos hacer para reducir las zonas de rezago?

Por supuesto que se requiere una agenda social que permita la creación de políticas públicas integrales, que aborden los diversos factores que contribuyen a estas brechas, y con efectos pertinentes a corto y largo plazo.

Mientras tanto, el mayor desafío (para todos los que trabajamos en Huella Local) es colaborar con los municipios y los gobiernos regionales en la consolidación de alianzas público-privadas que, junto a empresas y la comunidad, resuelvan uno o varios de los problemas que miles de familias enfrentan para acceder a mayor justicia territorial.

Fuentes:

• Tasa de pobreza: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), 2023.

• Tasa de cobertura educativa: CASEN, 2023.

• Cobertura de salud: CASEN, 2023.

• Acceso a servicios básicos: CASEN, 2023.

• Aumento de zonas de rezago: CASEN, 2023.

• Informe de Desarrollo Social 2023, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

• Estudio sobre las brechas sociales en las zonas de rezago, Fundación SOL.

• Informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la pobreza en Chile.

Para resolver esta paradoja, pensamos y pusimos en práctica un modelo innovador de participación ciudadana, el cual comenzó a transformar la manera en que las comunidades alcanzan una mayor equidad territorial. Y todo esto se logra articulando alianzas público privadas, de manera transparente y concreta.

Esta forma de llevar a cabo la colaboración privado-pública, según nuestra propuesta, termina por  potenciar las comunidades, pero también a los municipios y gobiernos regionales. Esto ocurre siempre y cuando se trabaje pensando en un objetivo de desarrollo común, e incentivando  sinergias y canales de participación. 

El modelo Huella Local 

Generalmente los proyectos con aportes privados son directos. Lo que en gran medida funciona, pero con un impacto reducido o muy específico.

Desde Huella Local planteamos un procedimiento de articulación donde se generan instancias directas de participación en los territorios, vinculando al sector privado, municipios y comunidad, a través de un modelo inédito de gobernanza. De esta manera, todos los actores relevantes están involucrados desde la etapa de diseño, logrando recopilar e incorporar las necesidades de la comunidad en los proyectos, para luego solicitar los aportes públicos y privados necesarios para concretar las anheladas iniciativas de infraestructura y equipamiento de alto impacto social.

La diferencia está en el diálogo, en la incorporación de la comunidad y el gobierno local y regional, sumado al aporte de expertos privados, para analizar en profundidad las reales carencias de comunas o localidades vulnerables. 

En ese sentido, tomar en cuenta sus opiniones y experiencias es un paso trascendental para traspasarlas en futuros proyectos. 

En términos sociales, la justicia territorial se trata de garantizar que las comunidades que habitan en zonas geográficas alejadas o desfavorecidas tengan acceso a las mismas oportunidades y recursos que las personas que viven en  áreas más pobladas o con mayor desarrollo. 

Lo sabemos, inmediatamente se te vienen a la cabeza imágenes de personas que viven en zonas alejadas, “haciendo patria” que viven en condiciones extremas, sin agua, con pocas horas de luz eléctrica y lejos de centros de salud o de abastecimiento. 

Sin embargo, a contramano de lo que se puede pensar, todavía quedan zonas en nuestro país, que pese a estar cerca de grandes centros urbanos aún no cuentan con agua potable, servicios básicos o saneamiento.

Es que la falta de justicia territorial es un foco de desigualdad producto de la centralización de recursos y en Huella Local nos enfocamos precisamente en abordar las desigualdades estructurales y mejorar la calidad de vida en todas las regiones del país.

La concentración de recursos y el centralismo en la toma de decisiones, ha sido una limitante para el desarrollo y un importante promotor de inequidad territorial y social.

¿Cómo alcanzar una mayor justicia territorial en Chile?

Hace años que en Chile la palabra descentralización apareció en la agenda, generando cambios políticos estructurales y sociales.Pero como señalamos anteriormente Chile, al igual que América Latina vive una paradoja: “las comunas con más necesidades son, generalmente, las que tienen menos recursos, infraestructura y especialistas para resolver sus problemas.” (link artículo 17 agosto)

Los recursos siguen siendo insuficientes para identificar y resolver adecuadamente las brechas en infraestructura y las diversas necesidades de desarrollo que se requieren en distintas zonas del país.

Es aquí donde las alianzas público privadas, sumadas a la participación activa de la comunidad, conforman un modelo de desarrollo  conjunto que, con el trabajo del equipo de Huella Local, ha concretado más de 250 proyectos, favoreciendo a cerca de un millón de chilenos y chilenas de todas las regiones del país. 

Hemos comprobado en terreno que la coordinación y participación comunitaria, sumada a alianzas público privadas,  logra comprender las reales necesidades de las comunidades, para diseñar proyectos  que aportan justicia territorial. 

En nuestro país al igual que en otros de América Latina ocurre una paradoja: las comunas con más necesidades son, generalmente, las que tienen menos recursos, infraestructura y especialistas para resolver sus problemas. En este escenario es donde surge la pregunta ¿cuánto poder tiene realmente una comunidad organizada para transformar retos en soluciones concretas? 

En los últimos años en Huella Local hemos visto in situ como el diálogo vecinal y las alianzas público-privadas se han convertido en la brújula para el desarrollo local.

La necesidad de organizarse surge naturalmente en las comunidades locales, sobre todo en zonas alejadas o de difícil acceso a lo largo de todo el país. Comunidades del norte y del extremo sur suelen enfrentarse a numerosos desafíos, desde la falta de servicios básicos, agua potable, hasta problemas de acceso a infraestructuras esenciales. Aquí es donde la organización comunitaria se presenta como una solución resiliente y sostenible. La unidad permite que las voces se escuchen, las ideas confluyen en mesas de convergencia, donde  el trabajo de los vecinos, se combina con el de autoridades locales, empresas y articuladores confiables, que logran encontrar soluciones consensuadas y de mayor valor para las comunidades.

El diálogo vecinal y alianzas público privadas como herramienta de cambio

Según CEPAL, las alianzas público-privadas (APP) son cruciales para impulsar el desarrollo sostenible a nivel local. Estas alianzas no solo representan un modelo de financiamiento, sino también una estrategia colaborativa donde el sector público y privado trabajan de la mano con la comunidad. Con un potencial de inversión significativo, las alianzas público-privadas pueden acelerar proyectos de infraestructura y desarrollo comunitario.

Pero el diálogo vecinal es la pieza clave. Al reunirse con los vecinos y dirigentes se logran identificar correctamente las necesidades, se proponen y diseñan soluciones conjuntas. La magia ocurre cuando todos tienen voz y los demás están dispuestos a escuchar. En este contexto de empoderamiento ciudadano, vale decir cuando las personas participan activamente en su comunidad, surgen liderazgos, y se fortalece la identidad colectiva. 

Es por eso que en Huella Local, entendemos nuestra labor como un puente que permite empoderar a los vecinos, darles más herramientas a través de las alianzas público privadas, donde pueden encontrar a los especialistas que resuelvan las problemáticas territoriales con soluciones sostenibles.

El desarrollo local está en nuestras manos.  ¿Estás listo(a) para ser parte del cambio?