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El Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV) ha generado más de 600.000 soluciones habitaciones desde su implementación en los primeros años de la década del 2000 hasta hoy. La inversión ha superado los 300.000 MM UF aumentando drásticamente los montos de subsidios por unidad habitacional alcanzando las 890 UF como promedio. Junto con ello, ha generado una serie de herramientas y requisitos que han elevado el estándar de las viviendas, el equipamiento y espacios comunes y la localización de los conjuntos habitacionales, donde se ha privilegiado la organización comunitaria, así como el origen de cada familia para que estas se ubiquen en la misma comuna de residencia, cuestión que se ha logrado por sobre el 60% que la norma exige.

Y es que es bueno rescatar lo positivo antes de derogar cualquier programa que ha mostrado defectos, pero también una serie de virtudes.

Ahora, nuestra opinión es que este programa ha cumplido un ciclo, en el cual ha sufrido más de diez modificaciones, entre el decreto mismo que lo regula, el cuadro normativo, el itemizado técnico, sin mencionar las resoluciones regionales que hoy también son posibles de promulgar, elevando las exigencias que, si bien pueden ser atingentes a los territorios, no están asociadas a incentivos o facultades regionales de asignación de recursos.

Un aspecto clave para que los cambios puedan llevarse a cabo es no olvidar la gestión e implementación de los programas habitacionales, los cuales están a cargo de los Serviu en cada región. Entender la necesidad de instalar personas capacitadas y con conocimientos específicos en el área como directores de Serviu y sus equipos es de vital relevancia. El clientelismo, los caudillos regionales y el poco liderazgo de las autoridades salientes del MINVU deben quedar atrás para dar paso a la modernización, la transparencia y el mérito.

Dicho esto, creemos que se debe terminar este otrora exitoso programa, pues su vencimiento ha llegado. Los motivos por los cuales sostenemos la necesidad de dar vuelta la página para cambiar el enfoque hacia la creación de varios programas que respondan a la diversidad de necesidades habitacionales de Chile y su territorio son las siguientes:

1. El FSEV es un decreto que incentiva claramente la construcción de conjuntos habitacionales en su mayoría en extensión, pero contiene en su interior posibilidades como la densificación predial, construcción en sitio propio, generación de pequeños condominios y otros, los cuales están invisibilizados en este programa, quedando en letra muerta. Estas alternativas son necesarias de ser pensadas e implementadas de manera independiente y regulada en cada situación. Así como también sumar soluciones para grupos minoritarios, inmigrantes, adultos mayores, etc.

2. Cada uno de estos “pequeños programas” que aloja el FSEV en su interior no operan como política pública regular, sino son empujados desde el ministerio a través de pilotos con llamados especiales, y resoluciones para que se lleven a cabo, llenándose de excepciones desarrolladas desde el nivel central, pero sin una bajada regional por lo que los Serviu no son un aliado en el éxito de la diversidad que pretende el programa.

3. El modelo de las EGIS, hoy Entidades Patrocinantes, no ha dado el ancho para representar a las familias más vulnerables, más que ser un brazo del Ministerio son parte del negocio inmobiliario y la especulación propia del mercado de suelo.

4. El decreto se aplica en cada Serviu de manera distinta, basando su operación más que en los éxitos en los fracasos que, si bien representan un porcentaje menor, han generado un nivel de burocracia y sobre-revisión que desincentiva la generación de más y mejores proyectos.

5. El programa no tiene un diseño que permita abordar soluciones complejas como la situación de campamentos, cuyo número se ha incrementado de manera preocupante superando nuevamente las 30.000 familias, sobre todo en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana y Biobío. Entonces, no obstante estar diseñado para la población más vulnerable, precisamente falla en los casos más graves dentro de esta condición.

A lo anterior, se suma el espejismo del programa de integración social, el cual claramente no atiende ni busca atender a las familias más vulnerables del país, pero compite con su escuálido 20% de oferta para ellas con: más subsidio (sobre UF 1.000), menos requisitos normativos, sin organización social previa, con familias que vienen de cualquier comuna (generando el desarraigo tan discutido años atrás) y con mayor posibilidad de renta para las empresas del rubro.

Un aspecto clave para que los cambios puedan llevarse a cabo es no olvidar la gestión e implementación de los programas habitacionales, los cuales están a cargo de los Serviu en cada región. Entender la necesidad de instalar personas capacitadas y con conocimientos específicos en el área como directores de Serviu y sus equipos es de vital relevancia. El clientelismo, los caudillos regionales y el poco liderazgo de las autoridades salientes del MINVU deben quedar atrás para dar paso a la modernización, la transparencia y el mérito.

Tenemos la misión de imaginar nuevamente varios programas que atiendan la diversidad de problemas habitacionales para los más necesitados y los diversos territorios de nuestro país, desde la sociedad civil, estamos disponibles para colaborar en ello.

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